El dolor sigue, pero renace la esperanza de justicia para las víctimas del Jet Set
El cambio de homicidio involuntario a voluntario abre la posibilidad de condenas de hasta 20 años de prisión para los hermanos Espaillat.
Santo Domingo. — El caso de la tragedia del Jet Set dio un giro judicial luego de que un tribunal cambiara la calificación jurídica de homicidio involuntario a homicidio voluntario con dolo eventual, una decisión que podría llevar a los hermanos Espaillat a enfrentar penas de hasta 20 años de prisión, de ser declarados culpables.
El fallo, emitido por el juez Franny González Castillo, también modifica la acusación por golpes y heridas involuntarios a voluntarios con dolo eventual, en relación con los sobrevivientes del derrumbe ocurrido el 8 de abril de 2025.
La decisión obliga a que el proceso pase a un tribunal colegiado, integrado por tres jueces, debido a la gravedad de las penas contempladas en la nueva calificación.
Entre los aspectos más importantes del fallo destacan:
La decisión provocó aplausos, lágrimas y expresiones de agradecimiento entre los familiares y sobrevivientes que acudieron al tribunal; muchos de los cuales aseguran que el dolor de aquella noche sigue tan presente como el primer día.
Una de ellas es Juana Garrido, quien perdió a su hija y a su yerno en el desplome de la discoteca. Ambos dejaron un bebé que entonces tenía cuatro meses.
«Gracias a ese juez, primero a Dios y a ese juez que hizo justicia y se va a hacer justicia, porque yo no duermo, yo no he dormido más después de que mi hija y su esposo fallecieron», expresó entre lágrimas.
También Anastasio Peguero y Claribel Castro recibieron con satisfacción el fallo. Su hija, Clarisleny Peguero Castro, tenía apenas 20 años cuando murió en la tragedia.
La joven se destacaba por su excelencia académica y había alcanzado un índice de 3.69 en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), institución que posteriormente le rindió un homenaje.
Su padre, quien permaneció aproximadamente 13 horas atrapado bajo los escombros, recordó el vacío que dejó la muerte de su hija.
«Nos han desbaratado como familia. Mi hija era el foco de alegría de esta casa«, lamentó.
La tragedia también dejó graves secuelas físicas en sus padres. Claribel permaneció hospitalizada durante 12 días debido a fracturas en una pierna y lesiones en un brazo, mientras que su recuperación la mantuvo en cama durante seis meses.
Pese al sufrimiento, ambos consideran que el cambio de calificación representa un avance en su búsqueda de justicia.
«Es una satisfacción ver que, poco a poco, nuestra justicia avanza y, sobre todo, que nuestras víctimas sean valoradas en su justa dimensión», manifestó Claribel.
La esperanza también llegó a Elsa Mejía de Soto y Simón Bolívar Soto, padres de Simón Bolívar Soto Mejía, quien falleció a los 45 años y dejó cinco hijos.
«Vamos a seguir luchando hasta el último día, esperando la justicia al final», afirmó Elsa.
Por su parte, José Llorente, sobreviviente del colapso que perdió a su esposa Bianka Reyes, con quien compartió 36 años de vida, aseguró que resultaba difícil aceptar que lo ocurrido fuera considerado únicamente una negligencia.
El magistrado Franny González Castillo, quien presidía la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sostuvo que los imputados tenían conocimiento del deterioro del techo de la discoteca y habían recibido advertencias documentadas sobre sus condiciones, pero el establecimiento continuó funcionando.
Durante la audiencia, explicó que los hechos presentados por el Ministerio Público encajaban, a su juicio, en los delitos de homicidio voluntario y golpes y heridas voluntarios con dolo eventual, en lugar de los delitos involuntarios planteados originalmente.
El concepto de dolo eventual se refiere, en términos sencillos, a una situación en la que una persona conoce que su conducta puede provocar consecuencias graves y, aun así, continúa actuando o deja de tomar medidas para evitar el resultado.
El juez sustentó su decisión en la resolución 042-2026-TRES-00048, mediante la cual acogió la solicitud de cambio de calificación presentada por varias partes querellantes.
La abogada Emery Rodríguez, representante de la familia del fallecido merenguero Rubby Pérez, valoró positivamente la decisión, aunque recordó que todavía falta demostrar la acusación durante el juicio.
«Nos sentimos satisfechos con este primer paso; lo siguiente es ir a juicio para probar la calificación jurídica que hemos conseguido», expresó.
De su lado, Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, manifestó que respeta la decisión del tribunal y que el órgano acusador acudirá al nuevo juicio con las pruebas reunidas durante la investigación.
Mientras tanto, las familias esperan que el proceso avance sin mayores retrasos y que la nueva etapa permita establecer las responsabilidades correspondientes.
Para Anastasio Peguero, ninguna sentencia podrá devolverle a su hija ni reparar completamente el daño sufrido por quienes perdieron a sus seres queridos.
«Nuestras familias fueron condenadas desde el día 8 de abril de 2025. Fuimos condenados a un dolor que no tiene fecha de vencimiento», expresó.
Aunque el cambio de calificación no constituye una sentencia condenatoria, para las familias afectadas representa una nueva oportunidad de obtener la justicia que reclaman desde aquella noche que cambió sus vidas para siempre.