Auditorías revelan irregularidades millonarias: ¿quién responde por las fallas en el Estado?
La Contraloría publicó 28 informes que revelan fallas en el manejo de fondos públicos, compras sin planificación, diferencias en inventarios y gastos sin justificar.
Santo Domingo.- Compras millonarias fuera de la planificación, vehículos que figuran en registros oficiales, pero no aparecen en los inventarios, y gastos sin documentos que expliquen su destino son parte de las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en distintas instituciones del Estado.
Los hallazgos están contenidos en auditorías que abarcan gestiones realizadas entre agosto de 2020 y diciembre de 2025.
La publicación de 28 informes de auditoría, iniciada este octubre, pone sobre la mesa una pregunta: ¿qué ocurre con los funcionarios responsables cuando se detectan incumplimientos administrativos que no necesariamente constituyen delitos penales?
Entre los hallazgos más relevantes figuran:
El jurista Francisco Álvarez, coordinador general de Participación Ciudadana, advirtió que los informes revisados no presentan pruebas directas de corrupción, pero sí muestran incumplimientos de las normas administrativas que, a su juicio, deben tener consecuencias.
«Una cosa es la responsabilidad penal y otra cosa es la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos», explicó Álvarez, al señalar que las irregularidades pueden ser sancionadas conforme a la Ley de Función Pública.
Uno de los casos señalados corresponde a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), donde los auditores identificaron diferencias por RD$204.9 millones entre los reportes de inventarios y los registros contables.
También encontraron RD$47.5 millones en viáticos correspondientes al período comprendido entre septiembre de 2020 y junio de 2024, sin informes que permitieran comprobar las actividades realizadas y sus resultados.
Además, la institución registró RD$43.6 millones como gastos de representación judicial, aunque esos recursos correspondían a alquiler de plantas eléctricas y servicios mecánicos, según el informe.
La auditoría también señala la ausencia de estados financieros auditados para los períodos indicados de 2020 y 2023.
Durante la verificación del personal, 45 de una muestra de 338 empleados no pudieron ser comprobados físicamente. La OMSA respondió que una parte importante de sus trabajadores realiza funciones en distintos horarios y lugares.
En la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Álvarez destacó observaciones sobre RD$2,229 millones en compras declaradas de urgencia que, según la auditoría, contravenían la Ley de Compras y Contrataciones.
También mencionó RD$17 millones en fraccionamiento de compras y contratos, así como RD$52 millones en compras directas.
Otra de las instituciones señaladas es la Dirección General de Migración (DGM), donde los auditores identificaron 150 vehículos registrados a nombre de la entidad ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que no pudieron ser localizados ni identificados durante la inspección.
Asimismo, de una muestra de 229 procesos de compras y contrataciones, se encontraron 50 procedimientos por RD$552.9 millones que no estaban contemplados en el Plan Anual de Compras y Contrataciones.
En el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), la Contraloría identificó 11 procesos de compras por RD$3,564.6 millones que tampoco fueron incluidos en su planificación anual.
El informe de esa institución reveló, además, diferencias por RD$145.1 millones entre los activos registrados en el sistema patrimonial y los estados financieros.
A esto se suma que 26 vehículos, entre automóviles y autobuses, y 19 motocicletas, registrados ante la DGII, no figuraban en el inventario físico suministrado por la institución.
Aunque las cantidades señaladas son elevadas, los hallazgos no significan automáticamente que el dinero haya sido robado, perdido o desviado. Las observaciones reflejan fallas en los controles, registros, procedimientos y documentos que deben respaldar la administración de los recursos públicos.
Para Francisco Álvarez, la publicación de las auditorías es importante, pero no suficiente. El jurista considera necesario determinar qué medidas se han tomado frente a los incumplimientos encontrados y si se han aplicado las sanciones correspondientes.
«¿Pero qué ocurre con la irregularidad que se cometió en el pasado? ¿Se deja sin sanción?«, cuestionó.
El representante de Participación Ciudadana advirtió que permitir incumplimientos sin consecuencias puede provocar que las mismas prácticas se repitan en otras instituciones.
La Ley 41-08 de Función Pública establece un régimen de sanciones administrativas que depende de la gravedad de la falta cometida.
Las infracciones de primer grado pueden conllevar amonestaciones escritas; las de segundo grado, suspensiones sin disfrute de sueldo por hasta 90 días; mientras que las de tercer grado pueden terminar en la destitución del funcionario.
La aplicación de estas medidas requiere determinar la responsabilidad correspondiente y cumplir el procedimiento establecido.
Álvarez insistió en que las auditorías que ha revisado no contienen elementos suficientes para afirmar que se cometieron delitos de corrupción, pero sí muestran deficiencias que deben investigarse y corregirse.
«Estas auditorías no revelan, repito, un tema de corrupción, sino de mala administración», sostuvo.
También planteó que las violaciones a las normas de control interno deberían servir de alerta para la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, a fin de determinar las razones de esos incumplimientos.
La abogada Sonia Marlene Guerrero coincidió en que las violaciones a las disposiciones legales no deben pasar inadvertidas, aunque los hallazgos no den lugar a sanciones penales.
Álvarez explicó, además, que el nuevo Código Penal contempla consecuencias más estrictas para los funcionarios públicos, pero señaló que ese régimen no resulta aplicable a los períodos examinados en estas auditorías.
Los informes publicados abren así otro frente de discusión sobre el manejo de los fondos del Estado: no solo importa conocer en qué se gastó el dinero, sino comprobar que las operaciones se realizaron conforme a la ley y establecer responsabilidades cuando se incumplen las normas.
Aunque los hallazgos expuestos no constituyen por sí mismos pruebas de corrupción, dejan al descubierto debilidades administrativas que requieren respuestas de las instituciones involucradas y seguimiento de los organismos responsables de fiscalizar los recursos públicos.